RED NATURA 2000: UNA INQUIETUD FUNDADA

Sr. D. Ricardo Ayala López

Presidente de la Asociación de Propietarios Rurales y Productores de Caza (APROCA)

Fruto de la generosidad de nuestras Comunidades Autónomas a la hora de coger tanto de lo público como de lo privado, España está dispuesta a aportar más de doce millones de hectáreas a la Red Natura 2000, ese macroproyecto conservacionista europeo con el que se pretende salvaguardar importantes espacios naturales y a la fauna que estos albergan.

La iniciativa, loable en su intención y a la que nadie debería poner reparos significativos en un principio, está provocando sin embargo una profunda inquietud, que se traduce en rechazo, como consecuencia de una serie de factores a los que sin duda se habrán referido otras personas que me han precedido en la presentación de este Foro Red Natura.

Por tanto, no quiero ser repetitivo y cansar al auditorio denunciando una vez más, tal y como procedería, hechos tan conocidos como la exagerada superficie con la que nuestro país va a contribuir a la Red Natura 2000, los criterios seguidos para la selección de espacios o, lo que es más grave, la ausencia generalizada de consultas y entendimiento con los sectores agrícolas, ganaderos, forestales y cinegéticos que vayan a resultar afectados.

Precisamente la cuestión caza, incardinada en la propiedad rural, es la que me trae aquí para dejar constancia de la gran inquietud existente entre los titulares de explotaciones cinegéticas cuyas tierras han sido propuestas para formar parte de la Red Natura 2000.

Y es que pese a decírsenos que la Red Natura 2000 no supondrá una limitación a los usos y aprovechamientos tradicionales “ que se vienen realizando de forma respetuosa con el medio ambiente y que han permitido la conservación de los Espacios Naturales incluidos en la Red ”, lo cierto es que a estas alturas no existe la menor garantía de que siempre ello vaya a ocurrir así, de tal manera que ya tenemos casos palpables de cómo cotos que habrán de figurar en la Red Natura 2000 encuentran serios obstáculos a la hora de alcanzar las correspondientes autorizaciones, ya sea para efectuar cerramientos, aperturas de cortaderos/cortafuegos o ser declarados intensivos.

Pocos pueden creer que un programa de esta envergadura vaya a dejar las cosas tal y como están, limitándose sus mentores a ejercer una simple labor de tutela sobre nuestro campos para que no se produzcan desviaciones. Sólo falta ver la satisfacción con que los grupos ecologistas han acogido la próxima implantación de la Red para entender que con ella habrán de venir una serie de limitaciones, cuando no prohibiciones, que sin duda habrán de afectar al sector cinegético.

Sucede, no obstante, que un hecho claro juega a nuestro favor desde que la idea de la Red Natura 2000 empezara a gestarse allá por los inicios de la década de los 80. Ello no es otra cosa que el convencimiento que han ido adquiriendo las distintas administraciones de la labor que, año tras año, vienen desarrollando los propietarios rurales para la mejora del medio y la recuperación de especies amenazadas.

Muchos recordarán como el pasado 1 de julio, el Príncipe de Asturias, acompañado por la Ministra de Medio Ambiente, hizo entrega de diplomas de reconocimiento a 27 propietarios rurales que vienen trabajando, de manera tan callada como eficaz, para la recuperación del lince ibérico y otras especies en peligro de extinción. Allí, Don Felipe, destacó la importancia de la gestión de las fincas privadas, exhortando a las administraciones a “ contar con la participación y cooperación activa de los propietarios de los terrenos privados para conseguir la conservación de esta rica biodiversidad ”. La propia Ministra, hizo hincapié en la necesidad de esta colaboración entre las administraciones y el sector privado, “ una cooperación sin la cual resulta actualmente imposible acometer la recuperación de esta especie –se refiere al lince ibérico- cuya área de distribución se extiende mayoritariamente sobre terrenos de titularidad privada ”.

Mientras, asombrados, leíamos la noticia de cómo el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía habían decido asumir su responsabilidad conjunta en la salvación del lince ibérico, con la firma de un convenio de colaboración “ largamente esperado ”, dejando tras de si “ una triste etapa de desencuentros ”, desbloqueando medidas vitales para la especie, como la cría en cautividad.

Nada más discriminatorio que el querer imponer medidas cautelares, limitaciones o prohibiciones a la propiedad rural, para la supuesta mejora de las especie y de sus hábitat y que, por el contrario, las Administraciones, primeras que deberían predicar con el ejemplo, hayan perdido un tiempo precioso del que estarían obligados a responder ante la opinión pública en general.

Corren por tanto más tiempos de diálogo y consenso que de imposiciones a ultranza. Los acuerdos voluntarios –a los que indudablemente se llegarían-, están demostrando ser más eficaces que los planes mayestáticos, los cuáles, por su propia dimensión, resultan poco menos que imposibles de concretar.

Aquí nadie se está oponiendo a la defensa y protección de ese bien único que es nuestro entorno natural. Esta es tarea de todos, sin excepción, y cada cual debe asumir su propia cuota de responsabilidad.

Por ello, ante la situación creada, no hay por qué extrañarse de que en la defensa legítima de unos derechos nos lleguemos a preguntar, demandar y hasta exigir:

• ¿Existe una línea de ayudas –ya programada- para la financiación de la Red Natura 2000?
• ¿Se van a respetar –sin ambages- los derechos de propiedad?
• ¿Se va a reconocer, de manera real y a todos los efectos, el papel desempeñado por la propiedad privada en la conservación de los hábitat, el paisaje, flora y fauna amenazadas?
• ¿Se van a respetar los usos y aprovechamientos tradicionales? En concreto, ¿se va a respetar la práctica de la caza?.
• ¿Va a existir una línea específica de ayudas para el mantenimiento de aprovechamientos tradicionales y uso sostenible de los recursos naturales renovables?
• ¿Hay una línea de ayudas para compensar al propietario o gestor de un terreno cinegético, por el consumo directo de biomasa (ciervo, jabalí, corzo, liebre, conejo, perdiz roja) por parte de las especies faunísticas valiosas (lobo, lince, águila imperial, águila real, águila perdicera, halcón peregrino, búho real etc...)?
• ¿Se sabe quién conformará los “Comités de Vigilancia” de los sitios Natura 2000? (ZEC o LICs).

 De la respuesta a estos interrogantes habrá de depender el mayor o menor grado de aceptación de la Red Natura 2000.

Madrid, 7 de octubre de 2003